Hace tiempo que vengo dando vueltas a esos dos conceptos que, pareciendo tan semejantes, a veces parecen estar en contraposición. Y mis pensamientos me llevan por los derroteros que ahora quiero compartir con ustedes dos, amables lectores de este cuaderno.
La primera reflexión es : ¿Puede algo ser legal sin ser justo? Yo creo que la legalidad debe ir precedida por la justicia porque, de lo contrario esa legalidad ... tiene serios problemas de legitimidad.
Mi segunda reflexión es: ¿Puede ser dañosa para quien obra rectamente, esa manera de obrar? Pienso que no debería ser así, a no ser que el perjuicio lo produzcan quienes no obran ateniéndose a lo que es justo y se cogen a lo legal como a un clavo ardiendo para dejar de obrar con rectitud.
¿A qué viene todo este exordio pseudo filosófico?
Mis reflexiones no son inocentes porque vienen a cuento de algo que me ha sucedido con el Ayuntamiento de Navajas. Verán ustedes:
En la época del Presidente Rodríguez, don José Luis, una de las ocurrencias que tuvo el Gobierno "para impulsar la economía" fue la de promover un "Plan Z", ¿recuerdan? Pues bien, en nuestro pueblo ese Plan se aprovechó para hacer un carril bici minúsculo que, miren ustedes por dónde, afectó a la única tierra que poseo donde caerme muerto y fui expropiado. Nada objeté a la expropiación porque pensé que la obra podría contribuir, bien que poco, a que Navajas fuera algo más amable con sus visitantes y vecinos.
Pasó el tiempo, de vez en cuando preguntaba en el Ayuntamiento al anterior Secretario o al Alcalde por la calle, cómo iba el pago de la expropiación de los terrenos. Casi siempre estaba "a punto de ser liquidado" y yo me lo creía y no quise hacer reclamaciones. Fui, lo reconozco, un ingenuo, porque aunque la cantidad no era importante, hubiera debido hacer una reclamación en forma como hicieron otros propietarios que obtuvieron de la anterior Alcaldesa, la satisfacción debida a lo que les había sido expropiado.
Aporté al ayuntamiento una fotocopia de la página de mi cartilla de ahorro para que se me pudiera hacer el ingreso correspondiente, cuando me enteré de que, al parecer, se iba a proceder al pago de la cantidad que se me adeuda. Pasó el tiempo sin que sucediera nada. Ante la posibilidad de que se hubiera procedido al pago, pedí una entrevista con la Alcaldesa actual sin obtener respuesta alguna por su parte. De manera casual concerté una entrevista con la Concejal de Hacienda en la que se me explicó que el plazo había caducado porque yo no había hecho movimiento alguno para solicitar el dinero que se me adeudaba. Como quiera que sí había hecho gestiones, con funcionarios de la administración local, generé un escrito de reclamación haciéndolo constar, porque el testimonio de un funcionario en casos como éste sí tiene valor según se me había informado en la reunión antedicha.
Ahora, con todo lujo de cumplimientos de la normativa de envío de documentos por vía electrónica, recibo una Resolución de la Alcaldía mediante la que, en respuesta a mi escrito, la señora Alcaldesa resuelve: "Desestimar la solicitud de D. José Antonio Torres Redondo de abono del justiprecio de los terrenos expropiados para la construcción del carril bici". "Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Patricia Plantado Navarro..." etc. por el informe de Secretaría-Intervención aludiendo a que: "Respecto del pago material ha operado la prescripción a que hace referencia el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria..."
Ustedes disimulen el "rollo" que les acabo de soltar, pero ahora vuelvo atrás para comparar los hechos descritos con lo que decía al principio. La resolución de la Alcaldía es legal, pero ¿es justa?. Hay otra persona "damnificada" en mi misma situación, que estoy seguro que me daría la razón si fuera interrogada al respecto. Además, se produce un agravio comparativo con los que sí han cobrado.
Si alguien toma algo de otro y no lo paga, o lo devuelve o no es de él. Se me ocurre entonces que puedo tomar posesión de aquello que me ha sido expropiado y no se me ha pagado. Le daré un par de vueltas a esta idea porque tiempo me sobra y aunque mi talante nunca ha sido el de enredar temo que se me ha quedado cara de tonto con este episodio que me ha hecho reflexionar con lo pesado que es hacerlo en verano.
Como decía al principio, legal, puede que lo sea –ya me lo explicará algún abogado– pero ¿es justo?
Pasó el tiempo, de vez en cuando preguntaba en el Ayuntamiento al anterior Secretario o al Alcalde por la calle, cómo iba el pago de la expropiación de los terrenos. Casi siempre estaba "a punto de ser liquidado" y yo me lo creía y no quise hacer reclamaciones. Fui, lo reconozco, un ingenuo, porque aunque la cantidad no era importante, hubiera debido hacer una reclamación en forma como hicieron otros propietarios que obtuvieron de la anterior Alcaldesa, la satisfacción debida a lo que les había sido expropiado.
Aporté al ayuntamiento una fotocopia de la página de mi cartilla de ahorro para que se me pudiera hacer el ingreso correspondiente, cuando me enteré de que, al parecer, se iba a proceder al pago de la cantidad que se me adeuda. Pasó el tiempo sin que sucediera nada. Ante la posibilidad de que se hubiera procedido al pago, pedí una entrevista con la Alcaldesa actual sin obtener respuesta alguna por su parte. De manera casual concerté una entrevista con la Concejal de Hacienda en la que se me explicó que el plazo había caducado porque yo no había hecho movimiento alguno para solicitar el dinero que se me adeudaba. Como quiera que sí había hecho gestiones, con funcionarios de la administración local, generé un escrito de reclamación haciéndolo constar, porque el testimonio de un funcionario en casos como éste sí tiene valor según se me había informado en la reunión antedicha.
Ahora, con todo lujo de cumplimientos de la normativa de envío de documentos por vía electrónica, recibo una Resolución de la Alcaldía mediante la que, en respuesta a mi escrito, la señora Alcaldesa resuelve: "Desestimar la solicitud de D. José Antonio Torres Redondo de abono del justiprecio de los terrenos expropiados para la construcción del carril bici". "Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Patricia Plantado Navarro..." etc. por el informe de Secretaría-Intervención aludiendo a que: "Respecto del pago material ha operado la prescripción a que hace referencia el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria..."
Ustedes disimulen el "rollo" que les acabo de soltar, pero ahora vuelvo atrás para comparar los hechos descritos con lo que decía al principio. La resolución de la Alcaldía es legal, pero ¿es justa?. Hay otra persona "damnificada" en mi misma situación, que estoy seguro que me daría la razón si fuera interrogada al respecto. Además, se produce un agravio comparativo con los que sí han cobrado.
Si alguien toma algo de otro y no lo paga, o lo devuelve o no es de él. Se me ocurre entonces que puedo tomar posesión de aquello que me ha sido expropiado y no se me ha pagado. Le daré un par de vueltas a esta idea porque tiempo me sobra y aunque mi talante nunca ha sido el de enredar temo que se me ha quedado cara de tonto con este episodio que me ha hecho reflexionar con lo pesado que es hacerlo en verano.
Como decía al principio, legal, puede que lo sea –ya me lo explicará algún abogado– pero ¿es justo?
Toni(n) el de "La Cuba"
